Un informe filtrado a los medios reveló que los Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del Gobierno de ultraderecha de Javier Milei, en Argentina, estaría espiando a políticos opositores, sindicalistas, e incluso a personas que participan en protestas, como los jubilados.
La SIDE dirige y coordina el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), conformado por diferentes órganos. El Gobierno de Milei reformó en 2024 la Ley de Inteligencia Nr. 25.520, con dos decretos. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) expresó en julio de 2024 su preocupación sobre esa reforma.
El reporte de la SIDE filtrado se titula “Hecho previstos 09JUL25” y fue dado a conocer por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Tiene de nueve páginas y contiene detalles de horarios y lugares donde dirigentes políticos, sociales y sindicales realizaron actividades el 9 de julio de 2025. El informe no ha sido ni confirmado ni desmentido por el Gobierno.
La oposición quiere ahora interpelar en el Congreso al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y convocar a una comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia para analizar las denuncias contra ese organismo.
“La reforma que hizo el Gobierno de Milei del sistema de inteligencia por decretos 614 y 615de 2024, y la mirada político-estratégica que tienen sobre cuál es el rol de una agencia de inteligencia y del sistema de inteligencia argentino plasmada en el Plan de Inteligencia Nacional filtrado, confirma que está basado en la hipótesis de que tiene que hacer inteligencia política”, dice a DW Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según Litvachky, “el pensamiento político del Gobierno es que aquellos que protestan o defienden otro modelo de intervención estatal, otra política económica, e incluso quienes son sus opositores y contrincantes políticos, son más que sus adversarios, y hay que vigilarlos”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), clave por su rol en el esclarecimiento de violaciones de los derechos humanos, ya denunció en junio ante la Justicia el plan de inteligencia de Milei, y denunció por abuso de autoridad a Sergio Neiffert.
“El sistema de inteligencia es usado por el actual Gobierno para desplegar cualquier tipo de estrategia para poder sostener la gobernabilidad política en defensa del propio Gobierno”, aclara Litvachky, “y no lo hace con una mirada estratégica sobre la defensa de la ciudadanía ante riesgos nacionales y externos”.
El plan de inteligencia de Milei es “completamente ilegal”
“Estas actividades del organismo de inteligencia violan la Ley de Inteligencia”, dice a DW Gabriel Puricelli, analista de política internacional, vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas. “Los organismos de inteligencia tienen el mandato de velar por amenazas a la seguridad de la Argentina y tienen vedado hacer almacenar datos sobre ciudadanos en razón de su actividad política o social”, explica. “De modo que este tipo de acción es completamente ilegal, y plantea una violación de los derechos humanos”.
Según el analista, la investigación periodística de Alconada Mon da motivo suficiente para ir a los tribunales a fin de determinar si esos espionajes existen y si esas son las líneas bajo las cuales están actuando las agencias de inteligencia.
Los servicios secretos de Argentina: una historia controvertida
Los servicios de inteligencia del Estado argentino fueron creados en 1946 durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, como Secretaría de Informaciones del Estado.
La última dictadura militar (1976-1983) la llamó Secretaría de Inteligencia del Estado. La SIDE tuvo un rol clave en las persecuciones y desapariciones de personas durante la dictadura.
En 2015, Cristina Fernández de Kirchner , ante el impacto de la muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el caso del ataque terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Nisman había acusado públicamente a la entonces presidenta de Argentina de haber buscado encubrir a los autores iraníes del atentado a través de un “memorándum de entendimiento”, por lo que ella intenta un lavado de imagen del organismo y le cambia el nombre a Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Nisman fue hallado muerto en su departamento el domingo 18 de enero de 2015, de un tiro en la cabeza. Su muerte, calificada originalmente como un “suicidio”, fue declarada homicidio años después. Los vínculos de Nisman con el espía Antonio Horacio Stiuso (también conocido como Jaime Stiuso, entre otros varios nombres), un agente experto en informática y hacker, director de Operaciones de los servicios durante más de 34 años y considerado muy poderoso, son clave en el caso de la muerte del fiscal. Cristina Kirchner señaló a Stiuso, acusándolo de estar detrás de la denuncia de Nisman contra ella, una denuncia basada, según la entonces presidenta, en información falsa de inteligencia.
“Dos fracasos enormes de los organismos de inteligencia en democracia ha sido la ineficacia para prevenir esos dos atentados, absolutamente graves”, señala Puricelli, que alude tanto al atentado contra la AMIA como al ataque a la Embajada de Israel en Argentina en 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos. “Y no solo no los previnieron, sino que, además, participaron activamente de actividades ilícitas y jugaron un papel para encubrir las responsabilidades de los atentados”, puntualiza.
Historia de acusaciones de espionaje sin juzgar y “falta de concepto”
El de Milei no es el primer gobierno argentino bajo el cual se producen acusaciones de espionaje. El expresidente Mauricio Macri fue imputado en dos juicios por presunto espionaje, uno por escuchas ilegales cuando era jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y otro como presidente de la Nación, por espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, de la Armada Argentina, que se hundió en 2017 y donde murieron 44 tripulantes.
En el sistema de inteligencia argentino “falta una concepción de inteligencia nacional”, critica Puricelli. Y dice que “parece que la idea es usar una caja negra de fondos para que el partido en el Gobierno obtenga ventajas políticas ilegítimas sobre sus adversarios, sobornando a periodistas, por ejemplo”.
En el Gobierno de Milei, “se está vigilando el aparato comunicacional para medir la opinión pública y para contrastar estrategias políticas, y también hay vigilancia de movimientos vinculados a la defensa del medioambiente y a protestas laborales”, coincide Paula Litvachky, del CELS.
Milei quiere vigilar “todo lo que pueda implicar conflictividad y todo lo que ponga en juego el modelo económico y el modelo de Estado que están planteando”.
Si se confirmara la veracidad del espionaje por parte de los servicios secretos de Milei, este iría “de la mano con una concepción autoritaria del Gobierno”, afirma Gabriel Puricelli. Sin embargo, dice el experto, “aunque son actividades de espionaje chapuceras, que producen información de muy baja calidad, constituyen, por supuesto, violaciones a los derechos, a la intimidad y a la privacidad de ciudadanos y adversarios políticos”.
